Los Programas de Integridad permiten a la organización definir cuáles son los lineamientos de comportamiento esperados por parte de sus miembros y quienes se relacionen con ella, no sólo respecto del cumplimiento de la normativa legal y la prevención de la corrupción, sino también en términos de ética en la conducta, transparencia en la gestión y respeto a los derechos humanos y el medioambiente, entre otros.

A su vez, en un contexto de expectativas crecientes sobre el rol de las empresas en la comunidad y en el mercado, la integridad corporativa comienza a constituirse como un requisito de competitividad.

En Argentina, la Ley N° 27.401/17 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas incentiva ​a las empresas a adoptar Programas de Integridad. Por un lado, es un elemento a ser considerado por la justicia para graduar o eximir de pena a la organización ante un hecho de corrupción cometido por sus dependientes o terceras partes que actúen en su nombre o beneficio. Por el otro, es un requisito para participar en contrataciones del Estado.