Integridad en el sector energético
El desarrollo energético es un pilar fundamental en el crecimiento productivo y en la calidad de vida de la población. Para que este desarrollo sea sostenible e inclusivo, se necesita mejorar procesos, prácticas y herramientas que permitan luchar contra la corrupción y que doten a todos los sectores involucrados de mayores niveles de integridad.
Actualmente, la industria energética presenta grandes desafíos en materia de integridad y transparencia.
El informe de Poder Ciudadano realizado en el marco de la iniciativa Círculos Virtuosos, demuestra que sólo el 28,9% de las 152 empresas privadas y cooperativas del sector energético relevadas reporta en sus sitios web contar con políticas internas para prevenir, detectar y corregir conductas indebidas, mediante la incorporación de Programas de Integridad. La mayor parte de las empresas que tienen un Programa de Integridad son compañías multinacionales y nacionales grandes, ya que todavía existe un importante desconocimiento sobre las exigencias normativas actuales y se verifican pocos avances en la implementación de estos Programas en las organizaciones de menor tamaño.
Empresas privadas del sector energético con Programa de Integridad:
A su vez, sólo 6 de las 33 empresas públicas o con participación estatal mayoritaria del sector energético relevadas, cuenta con políticas anticorrupción (acceda al informe sobre empresas públicas aquí).
Este contexto opera como un gran desafío, pero a la vez presenta una oportunidad para promover y acompañar el desarrollo de entornos de negocios más íntegros, transparentes y sostenibles. El hecho que cada vez más compañías adhieran a estándares internacionales y a movimientos de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia indica un terreno fértil y un momento oportuno para la generación de acciones colectivas que les permitan alcanzar este objetivo en común.
Las PyMES, cooperativas y Empresas Públicas como protagonistas de una cultura de integridad
La participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y cooperativas en el entramado productivo de Argentina es altamente significativa. Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo, el 83% de las empresas argentinas son Micro, el 16,8% PyMES y sólo el 0,2% son categorizadas como grandes. A su vez, el 65% del empleo privado formal es generado por PyMES. En lo relativo a las cooperativas, nuestro país contaba a junio de 2019 con 8.618 cooperativas activas, las cuales generaban aproximadamente 194.000 empleos.
Si bien en términos cuantitativos su presencia es significativa, al contar con un menor respaldo de recursos humanos y económicos, estas unidades de negocios suelen ser las primeras y las más afectadas por las crisis económicas y por contextos institucionales frágiles. A su vez, suelen ser las más perjudicadas en mercados de mayor corrupción, por poseer menos herramientas y posibilidades de evitar o negarse a llevar adelante su negocio sin seguir las “reglas” habituales del entorno.
Es prioritario avanzar en el desarrollo de modelos de negocios sostenibles para PyMES y cooperativas, generando condiciones de mayor competitividad en los mercados y promoviendo la transparencia e integridad en las relaciones entre privados y entre estos y el Estado.
Por su parte, las Empresas Públicas en Argentina, tal como sucede en muchos países del mundo, cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico. Son importantes en sectores clave de la economía como la energía, el transporte, las finanzas y las comunicaciones. Tienen además un impacto relevante en los sectores y jurisdicciones en los que desarrollan sus actividades, a partir de la generación de empleo y el impulso de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) que conforman su cadena de valor, así como en la distribución de ingresos e inversión y en el gasto público.
La importancia de las empresas públicas las coloca en una posición de liderazgo en la definición de las reglas de juego del mercado y les permite ser tomadas como un ejemplo positivo o modelo a seguir para las otras organizaciones.
Además, siendo el Estado su principal accionista y, por ende, su beneficiaria final la sociedad en su conjunto, su deber de actuar bajo estándares de ética pública, transparencia, apertura y rendición de cuentas es una obligación constitucional. Por ello, las estrategias de promoción y fortalecimiento de los estándares de integridad y transparencia del sector deben incluir a estas compañías.
Erradicar la corrupción —o, al menos, minimizar sus riesgos e impacto— implica un trabajo y esfuerzo colectivo, donde todas las partes intervinientes deben asumir el rol que les compete para alcanzar una cultura de integridad. Las empresas, tanto públicas como privadas, grandes como pequeñas, tienen la posibilidad de tomar un papel protagónico en ello, implementando herramientas y políticas que impacten positivamente en la forma de hacer negocios y en la integridad y transparencia en su relación con el Estado.
El combate a la corrupción requiere a nivel interno de la organización del uso de diversas herramientas bajo el marco de un Programa de Integridad, y a nivel externo, del esfuerzo y trabajo conjunto de todos los actores del sector, a través de acciones colectivas.
La generación de entornos de integridad y transparencia, como mecanismo de lucha contra la corrupción, requiere aunar voluntades y acciones conjuntas entre todas las partes involucradas.
Las acciones que la empresa implemente a nivel interno y externo le permitirán, entre otras:
- Generar herramientas para sortear desafíos y mitigar riesgos de corrupción.
- Obtener un resguardo desde el punto de vista penal en los términos de la Ley N° 27.401/17.
- Fortalecer su competitividad y sostenibilidad a través de una mejora en sus procesos internos.
- Aumentar su atractivo para formar parte de la cadena de valor de grandes empresas, atraer el interés de inversores e ingresar en mercados más exigentes.
- Incrementar su posibilidad de acceder a contrataciones públicas.
- Lograr un mayor compromiso de las personas colaboradoras, al generar un ambiente de trabajo con valores compartidos.
- Promover el reconocimiento y aceptación de las comunidades con las cuales interactúan.
- Fortalecer su reputación frente a las personas consumidoras, usuarias y clientela.